Redes sociales: cuando compartir es humillar / ROSARIO G. GÓMEZ el pais

Posted on 2019/06/22

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Redes sociales: cuando compartir es humillar

Las plataformas sociales generan un eco infinito. En ocasiones, conducen a una deshumanización del otro. Necesitamos formación para usarlas sin dañar y para no cometer, sin darnos cuenta, un delito

ROSARIO G. GÓMEZ el pais

El youtuber que hace dos años entregó una galleta rellena de dentífrico a un mendigo en Barcelona, grabó la escena y la subió a la web sabría que estaba cometiendo un delito contra la integridad moral si hubiese intuido que en el mundo virtual rigen los mismos derechos y obligaciones que en el entorno físico. Humilló y vejó a una persona vulnerable. Y para agravar la situación lo difundió masivamente a través de su propio canal de YouTube. Hace dos semanas, fue condenado a 15 meses de cárcel. Las redes sociales no son una simple e inocente tertulia de un bar. Tienen un eco infinito y, a menudo, distorsionan y corroen la convivencia.

El caso del youtuber es una muestra de la deshumanización que se ha instalado en las redes sociales. Se atenta contra los derechos fundamentales de las personas, se menosprecian los valores sociales, se pisotea la intimidad. Como apunta el coordinador del máster de Marketing Digital de La Salle, Ricard Castellet, las redes sociales son una herramienta con dos polos: “Han amplificado hechos punibles, algunos muy tristes, pero también han desarrollado flujos de comunicación y de conocimiento, contribuyendo a que estos circulen y se democraticen como nunca. El problema está en el uso que hacemos. Son fantásticas, pero, si se les da un mal uso, son plataformas peligrosísimas para la convivencia”.

Las redes sociales nacieron antes de lo que pensamos. Al abogado estadounidense Andrew Weinreich se le atribuye la creación de la primera a mediados de los años noventa del siglo pasado. La bautizó Six Degrees (Seis Grados), evocando la hipótesis de que cualquier persona puede estar conectada a otra a través de una cadena de conocidos con un máximo de seis enlaces. Weinreich vendió su empresa en 1999, al borde del pinchazo de las puntocom y apenas cinco años antes de que Mark Zuckerberg y sus socios fundaran Facebook, la más popular de las redes sociales contemporáneas, con más de 2.000 millones de usuarios.

Para gran parte de la legión de adeptos, usar bien estas plataformas es una asignatura pendiente. Subir vídeos que inciten al odio, cortejen la xenofobia o fomenten la violencia y el sexismo no son solo reprobables ética y socialmente, sino que puede acarrear consecuencias penales. Muchos usuarios no son plenamente conscientes. “Hay que vacunarse contra la ingenuidad”, dice el experto en Derecho Digital Ricardo Oliva, quien reclama que se refuerce en los colegios la educación digital para evitar cometer humillaciones, vejaciones o atentados contra la intimidad a golpe de clic.

El pasado abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó un informe coordinado por el exsenador socialista José Cepeda que planteaba una pregunta inquietante: las redes, ¿son conexiones sociales o amenazas a los derechos humanos? El documento cuestionaba el modelo de negocio de Internet, asentado en recopilar datos personales. ¿Es ese el precio a pagar por acceder a los servicios? ¿Cómo evitar el control subrepticio?

En teoría son inocuas, pero pueden mutar y mutar hacia maquinarias perversas. El científico británico Tim Berners-Lee aprovechó el 30º aniversario de la Word Wide Web para reflexionar sobre los aciertos y errores derivados de su invento. “Aunque la web ha creado oportunidades, dando voz a grupos marginados y haciendo más fácil nuestras vidas, también ha creado oportunidades para los estafadores, ha dado voz a los que proclaman el odio y hecho más fácil cometer todo tipo de crímenes”.

Las redes, ¿son conexiones sociales o amenazas a los derechos humanos?, planteaba un informe del Consejo de Europa

La trabajadora de la planta de la empresa Iveco ubicada en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas que se suicidó a finales de mayo tras la difusión masiva de un vídeo sexual grabado hace cinco años es un ejemplo paradigmático de los efectos ominosos de las plataformas digitales. La empleada de este grupo empresarial, de 32 años y madre de dos niños de 4 años y 9 meses, no pudo soportar el acoso que vivió en el entorno laboral, los cuchicheos de sus compañeros y la presión ambiental al hacerse viral el vídeo a través de grupos de Whats­App. La investigación judicial determinará las responsabilidades ante esta trágica muerte. Pero la ley es muy clara. “Ver un vídeo de estas características es un tema moral, exhibirlo es una cuestión legal”, sostiene la experta en comunicación digital y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya Raquel Herrera, que percibe en este desdichado suceso una evidente carga machista. La fanfarronería, la cultura de la exhibición, es masculina. “Todavía en muchas situaciones se considera que un hombre es un campeón si tiene muchas conquistas, pero en una mujer parece que fuera un delito. Hay mucha gente que ha buscado el vídeo por puro morbo. Es fácil que un contenido morboso se vuelva viral. Si la gente supiera que distribuir este tipo de imágenes es delito, se abstendría de hacerlo”, dice Herrera.

El Código Penal deja poco margen a la duda. El artículo 197 es meridianamente claro cuando dice que será castigado con una pena de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 12 meses aquel que sin autorización de la persona afectada “difunda, revele o ceda a terceros” imágenes o grabaciones audiovisuales privadas, incluso en el caso de que hubieran sido obtenidas con su consentimiento. Parece obvio que en el terrible caso de Iveco se ha vulnerado la ley y atentado gravemente contra la intimidad personal. El daño fue de tal dimensión que condujo a esta trabajadora a tomar una decisión drástica. El abogado Oliva considera que las personas que han contribuido a la distribución del vídeo deberían ser investigadas por un delito de revelación de secreto y de ataque a la intimidad.

Hasta la reforma del Código Penal de 2015, solo se castigaba la difusión de fotografías o vídeos si habían sido tomados sin autorización del interesado o eran imágenes robadas. El detonante del endurecimiento tiene un nombre propio: Olvido Hormigos. En 2012 era concejal de la localidad toledana de Los Yébenes. Denunció a su expareja por difundir un vídeo erótico que circuló por Internet a toda velocidad. Pero no hubo delito contra la intimidad porque no fue robado ni se grabó ilícitamente. El Código Penal de aquella época recogía que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requería que las imágenes difundidas hubieran sido obtenidas de forma ilícita. No era el caso de Hormigos.

En las redes sociales confluyen las conductas privadas con las sociales. “Hay una falsa apariencia de privacidad”, dice el profesor de la Universidad Complutense Arturo Gómez Quijano, que observa cómo en Internet domina la ley de simplicidad. “Se juzga inmediatamente, eliminando matices y profundidad. Los medios de comunicación necesitan información sobre lo que ocurrió en la tragedia de Iveco antes que los jueces, y las redes, antes que los medios. Hemos convertido estas plataformas en un fin, cuando en realidad son un medio”. En el mismo instante en el que un vídeo recala en Internet o en Facebook se pierde su control. Se desboca. Su difusión puede adquirir una dimensión global.

El desconocimiento por parte de los usuarios es monumental. “Tenemos un problema de pedagogía y educación de las redes”, apuntala Castellet. “Estamos ante una revolución de la comunicación. Un cambio radical. En 10 años se han modificado usos y costumbres. La sociedad está aprendiendo a utilizar estas plataformas y debería haber formación obligatoria en primaria y secundaria para enseñar las posibilidades negativas de las redes y sus peligros. Hay que educar en la escuela y en la familia para que el uso sea coherente y racional”.

“Tenemos un problema de pedagogía y educación de las redes. Hay que educar en la escuela”.

RICARD CASTELLET

Utilizar incorrectamente estas plataformas es nocivo para la convivencia. De ahí que se haya extendido una corriente de opinión que reclama una mayor reglamentación de Internet y de las redes sociales. “Si se utilizan estos canales para dañar la reputación de una persona, ha de entrar el regulador”, dice Castellet. Para evitar situaciones dramáticas, no faltan quienes apuestan por activar en el ecosistema laboral manuales de buenas prácticas. Estos cortafuegos serían, según Raquel Herrera, una garantía de los derechos y deberes de las empresas para proteger la reputación de su plantilla.

Los cambios tecnológicos avanzan a un ritmo vertiginoso y la sociedad no los asimila con la misma celeridad. Gómez Quijano recurre a una metáfora: “La gente no está capacitada para conducir un Ferrari, y eso genera problemas de calado”. Las redes sociales son una herramienta muy potente para la que los usuarios no están formados. “Nos ha estallado en las manos y vamos aprendiendo a fuerza de prueba y error”, añade. La dualidad emisor-receptor de los medios tradicionales ya no sirve. “El receptor antes era pasivo, pero ahora le hemos dado la máquina de responder. La sociedad está atrapada en un ecosistema hiperconectado, con sus ventajas e inconvenientes. Nos falta experiencia y conocimiento acumulado. En las redes sociales se ha perdido la sensación de privacidad e intimidad. Medimos muchos lo cuantitativo, pero hace falta educación para jerarquizar y dar importancia a lo cualitativo. Hasta ahora, la tribu ha sabido educar, pero por primera vez en la historia no está sabiendo asumir esa función pedagógica”.

Esta carencia, mezclada con una clamorosa ignorancia y un ilimitado afán de notoriedad, es un cóctel explosivo que lleva a alimentar a las redes con productos tóxicos para ganar adeptos a toda costa. Incluso con pasatiempos macabros. Muchos adolescentes se enganchan a retos violentos, extravagantes pruebas y ridículas competiciones para ampliar su cuadrilla de seguidores online. Por la web circulan vídeos donde los jóvenes rivalizan con juegos salvajes. Una de las últimas modas consiste en apretar el cuello de una persona para provocar el desmayo por asfixia, una atrocidad que convive en la Red con otros desafíos absurdos, como embadurnarse el cuerpo con alcohol y prenderse fuego, autolesionarse o pasar de una habitación a otra por el balcón en los hoteles.

Es precisamente esta falta de formación y aprendizaje en el uso de las redes la que hace a los usuarios altamente manipulables, según Gómez Quijano: “Somos previsibles porque las empresas nos conocen. Les regalamos nuestra intimidad. Facebook y WhasApp son un gigantesco oído. Saben todo lo que decimos”. Para mitigar este poder omnímodo, el Consejo de Europa da una receta: establecer fórmulas de cooperación entre las redes sociales y las autoridades públicas como antídoto a los venenos del ciberespacio: la intolerancia, la desinformación, la incitación al odio, los ataques a la privacidad.

Así se lucha contra la ‘pornovenganza’

Gobiernos y plataformas buscan fórmulas para frenar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y los activistas piden castigos más duros por el estigma que sufren las víctimas

RAQUEL SECO el país

Envías una foto o un vídeo insinuante a tu pareja y tiempo después, cuando ya no estáis juntos, aquella persona en la que confiabas lo comparte con otras sin tu permiso. Se trata de pornovenganza: aquel intercambio de mensajes sexi, divertido, íntimo, se vuelve de dominio público y sus repercusiones, a veces, resultan trágicas. Le pasó a Tiziana, una italiana de 31 años que se suicidó en 2015 después de que se difundieran sus vídeos sexuales y ella se convirtiese en protagonista de multitud de bromas machistas. Le pasó, hace solo tres semanas, a la mujer en España que vio cómo sus vídeos circu­laban entre compañeros de trabajo.

¿Está suficientemente perseguida la pornovenganza en España? Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y experto en derecho digital, opina que la respuesta está, más que en endurecer las condenas, en la educación digital y la concienciación. La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, no es partidaria de reformas “continuas” en el Código Penal (la de 2015 castiga la divulgación no autorizada de grabaciones íntimas, también si se obtienen con consentimiento. Antes, como en el caso de la exconcejal Olvido Hormigos en 2012, la justicia no veía un delito contra la intimidad si una había grabado y enviado imágenes a un primer destinatario). La presidenta de Themis advierte del peligro de legislar a golpe de casos concretos (hacerlo puede ser “populismo legislativo”, asegura), pero reconoce que son evidentes algunas lagunas, como que una pena corta, de meses, no implique a veces ingreso en prisión para el responsable, y subraya cómo la pornovenganza “aterroriza” especialmente a las mujeres, que se enfrentan al estigma social. “Hay que endurecer muchísimo las penas. Que sean ejemplarizantes”, propone la presidenta de la asociación Stop Violencia de Género Digital, Encarni Iglesias, que incide en la dificultad de perseguir delitos en distintos países en un entorno global como Internet. También abogados como los del bufete Reclamador consideran que las penas en España son “muy débiles en relación con las consecuencias para la víctima”, y apuestan por igualarlas a las del delito de grabación sin consentimiento (de dos a cinco años) y agravar este último.

En el resto de Europa, los países tratan de actualizar sus legislaciones contra este tipo de acoso. Italia, tras la tragedia de Tiziana, impulsó una ley con penas de uno a seis años de prisión y multas de 5.000 a 15.000 euros. El Reino Unido tipifica como delito desde 2015 compartir imágenes sexuales sin permiso de quien aparece en ellas. Hasta 2016, más de 200 personas habían sido encausadas, con penas de prisión de hasta dos años, indica la Asociación Europea de Mujeres Juristas (EWLA, por sus siglas en inglés). Francia adoptó en 2016 la Ley para la República Digital, que endureció las sanciones (dos años de cárcel y multas de 60.000 euros). En Alemania, un tribunal declaró ilegal en 2014 que una persona guarde imágenes íntimas de su expareja si esta ha pedido que las borre.

Estos cambios van en la dirección correcta, pero no son suficientes, sostiene el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), que en un informe de 2017 apuesta por garantizar la misma protección y prevención en todos los países de la Unión. El ­EIGE subraya “las actitudes de culpabilización de las víctimas, que demuestran una falta de comprensión y concienciación” del problema. En EE UU, unos 40 Estados ya castigan el revenge porn —Nueva York lo hizo este pasado mes de febrero—, pero en otros continúa el debate sobre si estas normas limitan de alguna forma la libertad de expresión. Activistas como las de The Badass Army, una organización de víctimas de extorsión o venganza, pelean para que se endurezcan las penas en ese país. En Argentina, desde este año la pornovenganza está tipificada como un delito informático.

Las plataformas de Internet también toman medidas contra este tipo de delitos, con más o menos eficiencia y acierto. En 2017, Facebook pidió a algunos usuarios, como parte de un programa piloto, que le confiasen sus fotos de desnudos si temían que pudiesen ser compartidas por otros. Tras el revuelo que se montó, este año parece haber reconducido su estrategia. En los últimos meses, según medios estadounidenses, la red social está haciendo pruebas con un sistema de inteligencia artificial que promete identificar cuándo una imagen ha sido subida sin consentimiento de sus protagonistas. Otras plataformas, como Twitter y Reddit, también tienen normas específicas contra este tipo de delitos, pero se da la paradoja de que, en líneas generales, siguen siendo las víctimas quienes tienen que encargarse de vigilar y denunciar la distribución de sus propias imágenes. Y apelar al derecho al olvido no es sencillo, insisten las víctimas. El material tiene potencial para multiplicarse en la Red, impulsado por una demanda infinita. Al fin y al cabo, el revenge porn es, desde hace años, un género propio de éxito en el porno.

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