Ante las detenciones de miembros de la Plataforma En Pie 25 S / Pedro A. García Bilbao

Posted on 2012/09/15

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Como saben los lectores del blog, me he mostrado muy crítico con el 25S y sus convocantes, pero hoy, ante las noticias de detenciones, veo necesario hacer pública mi repulsa ante ellas y mi solidaridad con los detenidos.

Hoy en la mañana —día 15 de septiembre—, en los momentos iniciales de la manifestación 15 S contra la crisis, cuando varios miembros de la Plataforma «En pie», convocante del 25S Ocupa el Congreso, se dispusieron a desplegar una pancarta alusiva a esa cita, varios miembros de la policia procedieron a su detención. Los policias solicitaron identificación a las personas que llevaban la pancarta, la ocuparon y llegaron al forcejeo para arrastrar a los detenidos y sacarlos de la calle. La policia posó para las cámaras amablemente mientras hacía su trabajo, sin molestar a los cámaras, y la pancarta, supuesto detonante, quedó olvidada a un lado pese a su condición de prueba de cargo. La escena tuvo lugar al lado de la embajada siria y en los momentos en los que era más sencillo y manejable una acción de este tipo. ¿Un video de Qatar, como los que «ilustran» la revuelta siria?

Los detenidos han sido puestos en libertad por la tarde del mismo día, al parecer con cargos de resistencia a la autoridad.

En los días previos, la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, afirmó que tomaría medidas preventivas ante la convocatoria del día 25 S, que no dudó en calificar de «cuasigolpe de estado», y que actuaría contra los «radicales» que estaban detrás de la convocatoria. La sra. Cifuentes afirmó también que el grupo de radicales detrás de estas convocatorias era unas 800 o 1000 personas. Esta afirmación tuvo respuesta inmediata en varios diputados de izquierda que recordaron que la existencia de «listas» de personas por razón de sus opiniones o acción ciudadana son ilegales. Hasta el propio presidente del Congreso mostró su preocupación por la amenaza de «ocupación»; si tenemos en cuenta los antecedentes familiares del sr. Posada, tan ligados a la destrucción y secuestro de la soberanía popular, le podemos reconocer su capacidad para reconocer este tipo de peligros.

En varias ocasiones, la sra. Cifuentes ha insistido en su voluntad de actuar contra la convocatoria del 25S y sus convocantes. Nunca tan pocos han preocupado a gente tan importante. Esta semana, el ministerio de Justicia ha informado de las reformas legales que incluyen serias penas por «amenazar» a la policia en manifestaciones, participar en cualquier forma de resistencia activa o pasiva y también la reforma de las penas de prisión que suponen en la práctica el reconocimiento de la cadena perpetua para casos de atentando al Rey o su familia, terrorismo o casos de crimen «agravados». Ha de recordarse que la tendencia es pasar a considerar como «terrorismo» la resistencia a la autoridad bajo ciertas circunstancias; durante la administración anterior, los miembros del ejército desplegados sobre el territorio fueron asimilados a agentes de la autoridad, pasando así a tener jurisdicción sobre los civiles sin necesidad de declaración del estado de guerra. Hace unas semanas, el ministro del Interior defendió en las Cortes una actuación policial contra un ciudadano que exhibió una bandera republicana en un partido de balonmano, justificando su retención y multa por «exhibir símbolos que incitan a la violencia». Estamos, por tanto, ante una dolorosa realidad: el progresivo deterioro del régimen de libertades y derechos civiles en España, con la cada día más cara finalidad de prevenir toda protesta ciudadana ante los recortes sociales y la destrucción del carácter social, democrático y de derecho de nuestro estado.  No son acciones aisladas, es parte de un plan consciente para amedrantar a la población y yugular cualquier posible respuesta que cuestione el orden existente.

En estas páginas he mostrado mi oposición a la iniciativa del 25 S. Hoy, cuando han sido detenidos y acusados algunos de sus convocantes deseo expresar mi solidaridad con todos los detenidos de hoy y denunciar este abuso más de este gobierno y sus fuerzas de seguridad.

Los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos en la calle, delante de donde haga falta, cuando haga falta, es la esencia misma de la democracia. Y si no se puede a 100 metros del parlamento, sino a 1000 metros pues que se nos diga a cuantos metros podemos hacerlo, pero detener a los que lo propugnan antes de hacerlo es una barbaridad. Es vergonzoso lo ocurrido. Es hipócrita y miserable la actuación del Ministerio del Interior en este caso: debemos recordarle a la sra. Cifuentes que los 300 guardias civiles que en 1981 asaltaron el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los parlamentarios, no fueron procesados y se reincorporaron a sus destinos días después. El doble rasero empleado es repugnante. Comprendo las voces que dicen que se debe preservar la libertad de los diputados de toda presión y coacción, pero recuerdo que la impunidad de esos guardias es una permanente incitación al golpe de estado que se mantiene día a día sin que nadie haga nada. Y ha sido el propio presidente del gobierno, sr. Rajoy, el que ha afirmado que su gobierno actua bajo presión de los «mercados» —eufemismo para referirse a empresas y personas concretas—, al punto de no poder hacer nada como gobierno, dice,  para impedir el recorte de derechos sociales de la población. Ese tipo de coacciones son bastante más peligrosas para la seguridad del estado democrático que la concentración de unas pocas personas ante el parlamento.

Detener a los que portaban hoy una pancarta es una bajeza moral más de este gobierno y su muy representativa representante en Madrid.

Los sucesos de los días próximos nos dirá que se oculta bajo estas medidas y también bajo esta extraña convocatoria que hasta el momento sólo está sirviendo como excusa para incrementar la represión. Una convocatoria mal planteada y confusa, por muy bienintencionada que esté en su núcleo inicial puede ser empleada de forma bastarda por aquellos a los que dice combatir con graves consecuencias para todos. Hoy han sido estos compañeros, mañana, cualquiera que el poder considere. La lucha por la recuperación de la legalidad republicana y para vencer a los mercados debe transcurrir por otros cauces más claros. La sensación que tenemos muchos es que la sra. Cifuentes y su gobierno prefieren mil veces actuar de esta forma ante iniciativas como el 25 S, que saben inocuas, antes que afrontar que un día en las Cortes, en su tribuna de oradores la voz de la República atruene y denuncie la indignidad de este estado secuestrado por los herederos del franquismo, // Pedro A. García Bilbao

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