A la democracia republicana española
Una visión superficial del momento político español podría despertar el anhelo de una de esas improvisaciones en que fue tan fecundo nuestro siglo XIX, cuyas súbitas mudanzas se reflejaban únicamente en el distinto color de las escarapelas de los caudillos. Una visión serena y profunda de la realidad española, final de un proceso político de descomposición agudizado por la crisis de las instituciones europeas, nos ofrece la dramática pugna entre fuerzas nacionales que comienzan a manifestarse con brío juvenil y las últimas apelaciones a la arbitrariedad de un Estado en derrumbamiento. No es crisis de instituciones parlamentarias que nunca fueron derecho consuetudinario, ni interrupción más o menos brusca de una evolución constitucional que solo quedó registrada en articulados jamás vigentes. Es sencillamente el hundimiento de la fachada europea del Estado español. La monarquía absoluta ha arrojado la máscara en un momento considerado propicio a todas las violencias. Se yergue sobre las fuerzas del pasado que le serán por siempre leales. Y frente a esas fuerzas se levantan, forjadas en una economía que aspira a su normal desarrollo y en una cultura cada día más rica y suscitadora de inquietudes, las fuerzas nuevas que han de ser fundamento de las instituciones del porvenir.
Estructurar y organizar estas nuevas fuerzas, impidiendo que se desparramen por senderos a flor de tierra, encauzándolas en grandes corrientes de energía, condensándolas en potentes focos vitales, es el deber de cuantos, con alguna vocación política, sientan la responsabilidad de esta hora. Y es, en orden a un gran sector de la opinión española, la misión que se han impuesto los elementos que han tenido la iniciativa de constituir el Partido Republicano Radical Socialista, que no aspira a ser, en competencia con otras agrupaciones, un partido republicano más, sino la izquierda republicana…
… Izquierda republicana de veras, que no solo proclame lemas republicanos, sino que afirme soluciones republicanas y no sienta en la acción vacilaciones ni veleidades girondinas. Izquierda republicana que afronte los grandes problemas con el sentido radical que imponen las supremas enseñanzas de la guerra y la crisis de la democracia universal.
…Izquierda republicana que no solo ante la Monarquía, sino ante la Iglesia, ante el Ejército y ante la Magistratura, ante todas las fuerzas del Estado antiguo, afirme de modo inconfundible los principios del nuevo Estado popular.
…Izquierda republicana no por el rótulo, sino por el contenido de un programa en el que se reflejen todas las inquietudes de nuestra época y por la eficacia de una actuación que, rechazando todo acomodo con la tradición monárquica y toda mixtificación de los principios republicanos difunda la emoción política hasta mantener en vibración constante a la ciudadanía.
El Partido Republicano Radical Socialista quiere ser ante todo un organismo democrático. Una comunidad incompatible con las mesnadas de partidarios y en la que todos los poderes como en la comunidad más amplia del Estado, nacidos de la opinión, sean amovibles y responsables.
El Partido Republicano Radical Socialista proscribirá todo caudillismo. Más que la consciente y firme adhesión incondicional a las ideas ha solido buscarse en los partidos populares la adhesión incondicional a las personas. De aquí los caudillajes, ya demagógicos y turbulentos, ya astutos y apicarados, con que tantas veces se ha enturbiado la acción de las democracias. En los países de nuestra raza principalmente, el profeta, el condotiero y el caudillo no han dejado espacio para el líder. Las multitudes, ávidas y crédulas, han rodeado siempre al taumaturgo y lo han esperado todo del prodigio. En nuestro meridionalismo, revolución y milagro han sido sinónimos durante mucho tiempo. Y es todavía entre nosotros el mesianismo como un vestigio del individualismo ancestral.
Con este individualismo contrasta el sentido social que caracteriza a las nuevas democracias y que es uno de los postulados del Partido Republicano Radical Socialista. El socialismo ya no es un dogma; es una civilización. Por eso no puede pretender monopolizarlo ninguna ortodoxia, sino que pertenece a todos los hombres. Y, al afirmarlo como una aspiración a la justicia social, el Partido Republicano Radical Socialista no se aproxima a ninguna otra organización, ni se aleja de ella, ni se sitúa a la derecha o a la izquierda de ningún otro grupo o partido, ni establece una relación de cantidad con otros programas según la usual denominación de mínimos y máximos. El Partido Republicano Radical Socialista señalará en su actuación, inspirada más que en teorías que los hechos van rectificando en la contemplación directa de las realidades nacionales una personalidad inconfundible. Más que la rígida doctrina será su norma el ritmo vital de los acontecimientos. Afirmará el sentido individual o el sentido social de la propiedad conforme a las exigencias de la economía y de la técnica y a la evolución de las instituciones. Un socialismo sin dogma y sin catástrofes vivificado en todo momento por la aspiración inmortal a la libertad.
Los elementos organizadores del Partido Republicano Radical Socialista reservan al Congreso nacional, como es imperativo democrático, la definición del programa. Pero el espíritu que los ha identificado implica algunas afirmaciones, que son, por otra parte, indispensables.
— El Partido Republicano Radical Socialista aspira a una nueva articulación del Estado español a base federal, con el reconocimiento de las autonomías municipales y regionales, rectificación de un siglo de centralización absurda, trasunto de instituciones exóticas en mala hora copiadas; un Estado acomodado al territorio y a la población, expresión de la geografía y de la raza, que permita una nueva estructuración política de la Península y señale el camino a una gran federación de toda la comunidad iberoamericana.
Como forma de gobierno la República democrática, a base no solo del sufragio universal, sino de todas sus instituciones complementarias -el referéndum, la iniciativa, la revocación- con dos postulados esenciales: la soberanía del Parlamento y la eficacia y rapidez de los órganos ejecutivos del Poder.
Un Estado laico, en el que todas las religiones gocen de iguales condiciones jurídicas, que no reconozca a ninguna derechos incompatibles con la naturaleza humana y en el que la Iglesia Católica se halle sometida, como todas las demás a la ley común e incapacitada para atentar a la soberanía e independencia del Estado con su potencia económica.
La Enseñanza, como uno de los deberes y derechos primordiales del Estado republicano y laico, inspirada en sus normas y orientada a los fines sociales de la comunidad, con exclusión de toda tendencia confesional y dotada espléndidamente en el Presupuesto.
La justicia popular, humanizada y sensibilizada por la opinión, con el Jurado, tanto para los asuntos civiles como para los criminales, en sustitución de organismos arcaicos, anquilosados en el prejuicio profesional, petrificados en el rito y herméticos al aire vivificante de la calle; con las reformas necesarias en el procedimiento para purgarlo de rémoras y asechanzas y los códigos abiertos a las nuevas corrientes de la vida; el Código civil, renovado por el moderno derecho social que proclama la igualdad jurídica de las clases y de los sexos; el código penal, limpio de penas bárbaras, crueles e inútiles, con eliminación de todo criterio punitivo y de toda finalidad expiatoria y reduciendo la defensa social, frecuentemente encubridora del ataque político, a los límites que implica su denominación.
El Ejército, sin privilegios de jurisdicción, reducido a las exigencias de la defensa nacional y organizado democráticamente a base de la nación armada.
Una política económica alumbradora de energías y creadora de riquezas e implacable con el parasitismo engendrador de la especulación y de los escandalosos negocios bancarios y bursátiles; y un régimen fiscal que, desgravando el trabajo, sea inexorable con la renta.
Y como una de las primeras actividades sociales de la nueva democracia española la reforma agraria, la liberación del campo, la supresión de los latifundios del mediodía y de los minifundios del norte, la redención de todas las cargas que pesan sobre el terruño, la sustracción a la mano muerta de los inmensos territorios que mantiene incultos y la colonización de los enormes desiertos en que se interrumpe el suelo nacional, incorporando las masas campesinas a la vida civil e integrándolas en la solidaridad del Estado y del gobierno.
Solidaridad que implica, tanto en orden al problema de la tierra como a los de la industria, la participación del elemento trabajador no solo en la soberanía política, sino también en la soberanía económica, con el derecho de señalar los fines y controlar los medios de la actividad social. Y la elevación, por tanto, a la categoría de derechos constitucionales de las reivindicaciones fundamentales del trabajo, que han de estar garantizadas, como los derechos individuales clásicos, contra toda veleidad del Poder.
Como la libertad religiosa, la de palabra y la de imprenta, los derechos de reunión y de asociación, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal, deben ser principios constitucionales en derecho al trabajo y a su producto íntegro, el derecho a la escuela, la intangibilidad del patrimonio de familia, el derecho a la asistencia social. Y lo mismo unos que otros deben estar garantizados contra toda interrupción de la vida jurídica por el propio Estado. Una Constitución que en todo o en parte pueda ser suspendida por el gobierno es incompatible con la soberanía popular.
El Congreso nacional del Partido Republicano Radical Socialista que se reunirá en breve desarrollará y formulará el programa que queda esbozado, con las ampliaciones o rectificaciones que juzgue convenientes.
Pero el programa del Partido Republicano Radical Socialista no será nunca letra muerta en una hoja de papel impreso, ni postura definitiva ante la realidad movible y cambiante. Será siempre un programa vivo, en el que se reflejen y vibren las inquietudes del momento. Al calor de los afiliados y de la opinión, un gran secretariado técnico, que será como el laboratorio central del Partido, irá elaborando en proyectos, en publicaciones y en notas las sugestiones incesantes de la sensibilidad selectiva. De ese laboratorio central serán sucursales los secretariados de las regiones y de las provincias, donde a la estéril política de comité se sustituirá la fecunda acción social que estimula las actividades y recoge y encauza las aspiraciones populares.
Más que por órganos políticos de gastados y viejos resortes quiere el nuevo partido funcionar mediante centros de condensación y esclarecimiento de la opinión pública. Evitará así constantemente el peligro de la improvisación, que, si en la ciencia es el error y en la poesía el ripio, en la política es de modo indefectible el fracaso. Y huyendo de esta suerte de la ligereza y de la frivolidad tanto como de la rutina, mantendrá siempre alerta, escandecida en favor de la justicia y de la libertad, una opinión tan reflexiva como ardorosa.
Los elementos organizadores del Partido Republicano Radical Socialista se dirigen a todos los republicanos que participen de sus inquietudes y compartan sus apreciaciones sobre los grandes problemas nacionales y les invitan a una actuación eminentemente democrática. No solicitan adhesiones de carácter personal, al modo de los viejos partidos sin consistencia orgánica ni más fuerza que el prestigio de un nombre.
Lo único que les interesa es la afinidad de las ideas, base de las agrupaciones políticas que tienen vida propia con independencia del penacho más o menos efímero de los Jefes.
Y, al proclamarlo así, advierten a la opinión republicana, previniéndola contra fáciles probables desorientaciones, que no solo no es su propósito dificultar la formación de otros partidos o grupos que respondan a diferencias ideológicas sino que antes por el contrario la facilitarán y aun estimularán en lo que de ellos dependa, de modo que, organizados los diferentes sectores republicanos, sea posible la coordinación de todas las fuerzas afines.
Las sumas de elementos heterogéneos no son sino confusiones perjudiciales que en vez de favorecer el proceso político lo entorpecen. La verdadera fecunda unión republicana no es cuestión de cantidad, número o peso; no es un concepto estático, sino dinámico. Y el impulso dinámico no puede proceder sino de centros vitales acumuladores de energía. Lo que importa no es una inteligencia republicana de nombre, sino la formación y el despliegue de todas las fuerzas republicanas, estructuradas conforme a las diversas ideologías, en frente de combate, enardecidas por el supremo anhelo de salvar a la patria defendiendo los principios de la civilización.
Madrid, diciembre de 1929
Ideario del Partido
26 de septiembre de 1930
Organización del Estado
Instauración de una República democrática, con un Presidente revocable, plenamente responsable.
Creación de una Cámara legislativa única, elegida por sufragio universal, secreto y directo para todos los ciudadanos mayores de 23 años, sin distinción de sexo.
Supresión del Senado, sustituyéndole por un organismo meramente consultivo, de carácter representativo, de dictamen obligado en los casos que le asigne la Constitución o estime pertinente el Gobierno.
Representación proporcional.
Libertad absoluta de palabra, de prensa, de reunión y de asociación, garantizados por la Constitución como derechos inviolables.
Establecimiento del «referendum» y del derecho de iniciativa, para que el pueblo pueda participar directamente en la legislación del país.
Autonomía de las regiones naturales, tan amplia como su desenvolvimiento y capacitación política lo permita.
Plena autonomía municipal y creación del patrimonio comunal.
Retribución de todos los cargos electivos.
La paz y la guerra no dependerán del jefe del Estado, y tendrán que someterse al voto de la nación, así como la revisión constitucional.
Regulación del derecho a reclamar contra la anticonstitucionalidad de las leyes y preceptos administrativos.
Inalienabilidad de la propiedad pública y, eventualmente, revisión de todos los contratos que hayan enajenado las propiedades de la nación o los servicios públicos (minas, teléfonos, ferrocarriles, etc).
Reforma de la ley de prensa, de la ley de orden público y abolición de la ley de Jurisdicciones.
Sumisión a la jurisdicción del Tribunal Internacional Permanente de todos los asuntos que sean de su competencia.
Sometimiento de las diferencias internacionales al arbitraje de la Sociedad de las Naciones.
Justicia
El P.R.R.S. propugnará una concepción nueva de la justicia considerándola como un servicio a cargo del Estado, nunca como un poder, y en este sentido, abogará por su democratización y desprofesionalización, recabando la implantación del jurado para todos los asuntos civiles y criminales y la gratuidad de la justicia en todos sus órdenes y grados.
Forman, además, parte de su Programa en el orden judicial:
Igualdad civil para los individuos de uno y otro sexo.
Igualdad civil de los hijos.
Investigación de la paternidad.
Ley de divorcio.
Magistratura electiva y temporal.
Modificación en un sentido amplio, de las garantías debidas a la defensa.
Supresión de las cargas, privilegios y monopolios judiciales.
Reparación moral y pecuniaria a las víctimas de los errores policíacos y judiciales.
Supresión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como fuente de derecho.
Prohibición de los tribunales especiales.
Supresión de los consejos de guerra en tiempo de paz.
Derogación del fuero de atracción para los tribunales de guerra.
Simplificación de las normas judiciales, eliminando lo que aún resta de inquisitivo en nuestras leyes, para reducir el procedimiento a la forma acusatoria, separando la pesquisa policial de la instrucción del sumario.
Supresión del sumario secreto.
Aumento de los casos de revisión.
Prescripción de toda penalidad retributiva y expiatoria en el Código Penal, propugnando un sistema preventivo y correccional.
Reducción de las penas de privación de libertad.
Abolición de la pena de muerte.
Limitación de la prisión preventiva.
Reforma del sistema penitenciario.
Desarrollo de las penitenciarías agrícolas.
Fijación de salarios mínimos para los trabajos hechos en los correccionales.
Política eclesiástica
Separación de la Iglesia y el Estado.
Supresión del presupuesto de culto y clero.
Sometimiento del clero al derecho común.
Incautación por el Estado de los bienes de la Iglesia y de las corporaciones religiosas. Hasta tanto se llegue a ello, supresión de las exenciones tributarisa que gozan dichos bienes.
Invalidación en el orden civil de los votos religiosos.
Administración pública
El P.R.R.S. estima que la organización de nuestra Administración pública, moldeada sobre supervivencias políticas de las monarquías absolutas, debe estructurarse de manera distinta. El burocratismo jerárquico, monstruosamente formalista y ritual, en que la antigüedad de los escalafones asigna las categorías y la dirección en los servicios, debe ser sustituido por una organización de tipo sindical, supeditada totalmente a la eficacia y a la rapidez en el despacho de los asuntos. Queremos la simplificación de trámites, la sencillez en el procedimiento, una amplia descentralización administrativa y la reglamentación de todos los servicios, con arreglo a las normas propuestas por las agrupaciones profesionales de empleados. Pedimos también la desaparición del Consejo de Estado, por ser una institución típicamente antidemocrática, que ampara la sustracción de los asuntos de mayor importancia al Parlamento y confiere validez y autoridad a los abusos del Poder ejecutivo, pasando parte de sus atribuciones actuales al nuevo organismo consultivo que ha de sustituir al Senado. Pedimos también la revocabilidad y responsabilidad de todos los funcionarios y la declaración constitucional de que el Estado es responsable subsidiario por las faltas y transgresiones de los funcionarios públicos en el cometido de sus cargos.
Afirmación del derecho al producto íntegro del trabajo.
Absoluta libertad de asociación y sindicación para todos los fines sociales y reconocimiento pleno del derecho a la huelga.
Fijación de un tipo máximo de jornada para toda clase de trabajos.
Fijación de salario mínimo en los mismos.
Retribución igual para los trabajadores de uno y otro sexo.
Participación del obrero en la dirección de las empresas y en el reparto de sus beneficios.
Protección legal de trabajo, conforme a las exigencias de la higiene y de la seguridad, bajo la vigilancia de organismos inspectores provistos por elección entre los trabajadores.
Establecimiento por el Estado del seguro en todas sus formas: accidentes, paro, enfermedad y vejez, con participación del Estado y de los elementos productores.
Nacionalización del seguro en todas sus formas.
Organización del crédito para todos los trabajadores.
Fomento y subvención de las Cooperativas de producción, distribución y consumo.
Creación de laboratorios y centros de investigación y comprobación de productos nacionales.
Eliminación de la dilapidación de energía por medio de métodos colectivos, bajo la inspección del Estado.
El P.R.R.S. estima que la asistencia social debe figurar entre los derechos constitucionales, declarándose obligación del Estado proporcionar a todos los ciudadanos la posibilidad de ganarse el sustento mediante un trabajo remunerador y productivo, y cuando circunstancialmente haya paro, la de atender a su necesario sustento.
Economía
Reforma agraria e impuesto.
Nacionalización de la tierra, de los bosques, de las minas, de las aguas, de los ferrocarriles.
El impuesto, como un instrumento de la justicia social no podrá gravar el trabajo, recayendo en forma progresiva sobre el capital, la renta y las sucesiones.
Abolición de los impuestos indirectos, excepción hecha de los que gravan artículos de lujo.
Nacionalización del Banco de España.
Supresión de las herencias en línea colateral en tercer grado.
Control del crédito.
Creación del patrimonio familiar inembargable.
Transitoriamente: Expropiación inmediata de las tierras sustraídas al cultivo y su entrega a las organizaciones agrarias.
Prohibición del desahucio de las tierras por otra causa que no sea la falta de pago de las rentas y continuación forzosa de los contratos de arriendo con los precios actuales.
Instrucción pública
Instrucción integral, laica y gratuita para todos los órdenes y grados, sean o no profesionales, en razón de las aptitudes comprobadas.
Prohibición de la enseñanza a las comunidades religiosas.
Sostenimiento y alimentación del niño a cargo de la nación durante todo el período de instrucción.
Graduación de la primera enseñanza y creación de todas las escuelas que demanden el censo escolar.
Fomento de las instituciones pre y post-escolares.
Reforma de la segunda enseñanza, aprovechando las ventajas obtenidas con el Instituto Escuela.
Las Universidades como centros de capacitación profesional, sin limitarse a la mera expendición de títulos.
Creación de residencias de estudiantes.
Desarrollo de la enseñanza técnica, agrícola y marítima, articulándolas según las necesidades regionales.
Urgente formación de nuevas y numerosas promociones de maestros con remuneración igual e idéntica proporcionalidad en sus plantillas que los restantes funcionarios públicos.
Salubridad
En materia sanitaria, el P.R.R.S. exigirá la dotación conveniente de estos servicios, de ninguna eficacia hoy por la tacañería con que están atendidos, y recabará que el personal sea retribuido por el Estado, quitándose este capítulo de los prespupuestos municipales como ya se hizo con el Magisterio, para evitar que obligación tan importante esté bajo las influencias del caciquismo rural.
Urge, además, por espíritu de humanidad y por dignidad del País, atender espléndidamente a la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, declarándolos problemas preferentes e imponiendo, si preciso fuera, los sacrificios necesarios en otros puntos del presupuesto, para llegar a atajar estos males, cuya proporción entre nosotros constituye una verdadera vergüenza nacional.
Estimamos que debe mejorarse, igualmente, la asistencia gratuita médico-farmacéutica y como complemento de la política sanitaria, fomentar la construcción de casas baratas e higiénicas, intensificar la repoblación forestal, ampliar las subvenciones concedidas por el Estado en los suministros de agua a las poblaciones, etc.
Obras públicas
Además de una escrupulosa administración y aprovechamiento de los bosques, aguas, minas y ferrocarriles, a cuya nacionalización estima debe llegarse lo más rápidamente posible, el P.R.R.S. incluye en su Programa el aprovechamiento de la energía hidráulica, para ponerla, bajo el control del Estado, al servicio de la nación y el fomento y conservación de las obras públicas de verdadera utilidad general, cuidando de separar todas las que tengan un carácter suntuario o satisfagan intereses puramente locales.
La considerable extensión de las costas, obliga a dar a lo marítimo toda la importancia que tiene en nuestro país, y nuestro Partido ha de defender con carácter de urgencia la mejora de nuestros puertos y su rápida comunicación con el interior, al objeto de poner en explotación la enorme riqueza pesquera de nuestro litoral.
Otro aspecto de las obras públicas es el de su adjudicación y en este aspecto, el P.R.R.S. se pronuncia por que el Estado atienda a su ejecución directamente, sin intermediarios que trafiquen con las concesiones y obtengan beneficios que pertenecen íntegramente a la colectividad.
Defensa nacional
El P.R.R.S. niega la conveniencia del servicio militar obligatorio, que, con el tópico de “la nación en armas” ha venido figurando en los programas de todos los partidos democráticos, y teniendo presentes las enseñanzas de la gran guerra, preconiza la formación de un ejército limitado, voluntario y retribuido, de perfecta capacitación técnica y provisto de los elementos materiales más eficaces. Esta milicia, dotada de instrucción apropiada, podría dirigir, llegado el momento, los cuadros del ejército nacional, integrados por todos los ciudadanos útiles, sin otras excepciones que las fijadas en la ley y que de ninguna manera podrían basarse en privilegios de clase o fortuna.
Renunciando a todo propósito de conquista, el P.R.R.S. propugna una Marina de guerra dedicada exclusivamente a la defensa de nuestras costas y provincias insulares.
Eventualmente el P.R.R.S. exige una disminución gradual en los gastos del Ejército y de la Armada, hasta conseguir una exacta proporcionalidad entre las plantillas de jefes y oficiales y los efectivos de tropa y unidades de escuadra.
Bilbao, 1930.
Sociología crítica 
Posted on 2018/06/13
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