Hace 40 años el régimen franquista convocó elecciones excluyendo a los partidos republicanos que seguían ilegalizados. Las elecciones no fueron convocadas como constituyentes y una comisión pactada redactó una constitución que no derogó la del año 1931, la ley electoral que se aplicó la redactaron las cortes de la dictadura y para evitar sorpresas escogieron arbitrariamente que se votarían dos cámaras, congreso y senado con decenas de senadores designados a dedo por el Rey; el ejército, la policía, los jueces, el aparato del estado eran los mismos de la dictadura. 40 años más tarde García Lorca, Luis Companys, Miguel Hernández y cientos de miles de víctimas siguen siendo considerados legalmente como criminales y se considera que la anulación de sus sentencias y tribunales pone en peligro al actual régimen.
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Sociología crítica 
bbono2014
2017/06/27
En pocas palabras hay muchas verdades. Dice: «se considera que la anulación de sus sentencias y tribunales pone en peligro al actual régimen». Naturalmente, la anulación de sus sentencias y tribunales significa la nulidad de todo el sistema «jurídico» (¿?) impuesto por Franco y si todo se anulase, ¿qué quedaría? Simplemente el sistema jurídico (esta vez, jurídico sin comillas ni interrogación) del régimen anterior, es decir la legalidad republicana, la legalidad que nosotros reclamamos y la única que nosotros reconocemos y aceptamos; lo siguiente fué una serie de instrucciones y órdenes de una dictadura criminal, militar, fascista y canónica. Por otra parte, la norma elaborada en 1978 no es una Constitución; no pasa de ser una «Carta Magna», otorgada y concedida por un grupo de «intelectuales» falangistas designado para tal fin por el régimen franquista, en definitiva la última «Ley Fundamental» que derogaba las anteriores «Leyes Fundamentales» del franquismo.